Se plantea un paralelismo entre el caso de Lidia Lemoyne ofreciendo un contrato a su abogado y la situación de Donda, quien habría pagado a un asesor con fondos públicos.
Se cuestiona la transparencia y la lógica detrás de estas contrataciones, especialmente cuando se utilizan fondos que provienen de los contribuyentes.
Se menciona que la persona contratada por Donda, además de ser asesora, habría trabajado durante dos años sin cobrar, lo que genera interrogantes sobre la naturaleza real de la relación y el uso de los recursos públicos.