Graciela Ocaña afirma que las leyes deben cumplirse y que la ley de financiamiento docente para las universidades, aprobada por el Congreso, está siendo incumplida por el gobierno. Sostiene que la Corte Suprema debe intervenir para marcar lo que la Constitución establece.
El gobierno argumenta que el presupuesto tiene prioridad sobre la ley de financiamiento universitario, una postura que deberá ser evaluada por la Corte. Se recuerda que el Congreso aprobó la ley y que, a pesar del veto presidencial, las mayorías especiales la convalidaron, convirtiéndola en ley.
La judicialización del caso se debe a este incumplimiento. La Procuración aún no ha emitido dictamen, pero se espera una resolución de la Corte esta semana. Se debate si la medida de no cumplir la ley es extrema y si el gobierno debería sentarse a negociar con las universidades una propuesta alternativa.