Se debate la legalidad de las acciones del gobierno y la respuesta de los estudiantes ante la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento educativo.
Se argumenta que el gobierno está en situación de ilegalidad al no cumplir la ley y fallos judiciales, mientras que los estudiantes reclaman su cumplimiento.
Se cuestiona si una ilegalidad se responde con otra ilegalidad, y se señala que la decisión sobre lo legal o ilegal recae en los jueces.