Se relata un caso de un gremialista del Congreso que tenía mujeres trabajando en prostíbulos con categoría 1, y que supuestamente utilizaba fondos del Congreso para pagarle a una ludópata.
Se critica la falta de sentido común y la impunidad con la que actúan algunos políticos, quienes no solo cometen actos cuestionables sino que además los exponen públicamente sin aparente pudor.
Se sugiere que estas personas no comprenden la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, actuando de manera irresponsable y desconsiderada hacia la sociedad.