El Estado argentino deberá resarcir a la familia de Agustina Sartori con 95 millones de pesos por la muerte de la joven, vinculada a la vacuna Sputnik. La decisión se basa en que el Estado obligó a la vacunación y, durante la presidencia de Alberto Fernández, asumió la responsabilidad por los efectos colaterales de la vacuna rusa.
Se considera un hecho inédito que un Estado soberano asuma este tipo de responsabilidad, ya que el laboratorio productor no se hizo cargo. Se critica la decisión política de buscar la vacuna Sputnik y comprometerse a pagar por sus consecuencias, señalando que esta suma debería ser reclamada a los exfuncionarios responsables, como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, o a quienes definieron la compra.