El Gobierno evalúa derogar la Ley de Etiquetado Frontal, lo que ha generado un intenso debate en la sociedad. La ley, sancionada en 2021, obliga a los productos alimenticios a mostrar sellos de advertencia (octógonos) sobre el exceso de sodio, azúcares, grasas saturadas y otros componentes perjudiciales.
La opinión pública está dividida. Mientras algunos defienden la ley como una herramienta crucial para la educación alimentaria y la protección del consumidor, otros argumentan que perjudica a la industria y que la información ya está disponible en las etiquetas originales. Se señala que la ley no abarca a restaurantes ni roticerías, y que los sellos pueden generar miedo en lugar de fomentar hábitos saludables.
Nutricionistas advierten sobre la importancia de la educación alimentaria y la necesidad de mejorar las "insuficiencias" de la ley actual, en lugar de derogarla. Se destaca que la ley busca reducir los índices de obesidad y diabetes, especialmente en la población infantil, y que los niños están aprendiendo a identificar los productos menos saludables.
Sin embargo, se plantea la dificultad de aplicar estas medidas en un contexto de alta informalidad y pobreza, donde la gente prioriza el precio por sobre la calidad nutricional. Se sugiere que las empresas alimenticias deberían mejorar la calidad de sus productos y que comer saludable sigue siendo costoso.