Se enfatizó que la complicidad en delitos, incluso a través de la filmación o difusión de hechos en redes sociales, acarrea responsabilidad penal.
Se utilizó el caso de los rugbiers para ilustrar cómo quienes filman o difunden actos delictivos pueden ser considerados partícipes, tal como ocurrió con quienes grabaron el incidente.
Se advirtió sobre los peligros de compartir material sensible, como videos de contenido sexual explícito, ya que la difusión de este tipo de material puede derivar en causas penales para quienes lo comparten o reciben.
Se mencionó un caso reciente de suicidio de una abogada en una provincia, presuntamente tras la publicación de fotos íntimas por parte de su expareja, destacando la gravedad de las consecuencias de estos actos en el ámbito de las relaciones personales y la repercusión en la salud mental.