El gobierno busca introducir modificaciones en la ley de inocencia fiscal, que permitiría rectificar declaraciones juradas con inconsistencias detectadas por ARCA. Esta iniciativa surge en un contexto donde las inversiones no llegan y los dólares del "colchón" no afloran.
Paralelamente, se investiga al vocero presidencial, Adorni, por enriquecimiento ilícito, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. Aunque no se le atribuye un delito fiscal, se plantea si la nueva ley podría beneficiarlo al permitirle declarar bienes no declarados previamente.
Se destaca que la ley de inocencia fiscal ya ha beneficiado al 83% de las causas por evasión investigadas judicialmente. Las nuevas modificaciones apuntan a eliminar límites de ingresos y patrimonios, y elevar montos para litigar, buscando reforzar el régimen y paliar la problemática recaudatoria, aunque se señala que el problema principal es la baja recaudación de los monotributistas.