La Cámara de Casación Penal rechazó el pedido de Cristina Kirchner para paralizar la ejecución de 111 bienes embargados a ella, a Lázaro Báez y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, por un valor de 645 mil millones de pesos.
Estos bienes pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que determinará si se rematan o se donan a instituciones benéficas. Se menciona la posibilidad de que se conviertan en un "Museo de la Corrupción" o se destinen a otros fines sociales.
Se recuerda que la ley de extinción de dominio, que habría agilizado este proceso, fue frenada por el kirchnerismo en el Congreso. La decisión judicial busca recuperar fondos malversados en causas como la obra pública en Santa Cruz.