Se critica la actitud de las autoridades educativas, como Valeria Berman del Nacional Buenos Aires, por su silencio ante las tomas de colegios, sugiriendo que su postura se debe a la aversión al gobierno de Milei.
Se expone que el reclamo de los docentes por salarios y financiamiento universitario tiene fundamentos, pero se cuestiona el método de la toma de escuelas, ya que interfiere con el derecho a estudiar de otros alumnos. Se menciona que la ley de financiamiento educativo, que implicaría una inversión significativa, no ha sido acompañada por la asignación de partidas presupuestarias.
Se discute la posible intervención de la Corte Suprema de Justicia en el conflicto, aunque se especula que podría derivar la cuestión al ámbito político. Se enfatiza que la ley de financiamiento fue sancionada y que los legisladores no asignaron los fondos correspondientes.