El debate se centra en la legalidad de la toma de colegios como medida de protesta frente a un gobierno que, según los manifestantes, estaría operando al margen de la ley al no cumplir con la ley de financiamiento educativo y fallos judiciales.
Se argumenta que el gobierno de Javier Milei estaría incumpliendo la ley votada en el Congreso y fallos judiciales de instancias inferiores. Se menciona que los diputados y senadores no especificaron la partida presupuestaria necesaria, lo que agrava la situación. La discusión gira en torno a si la protesta estudiantil es una respuesta ilegal a una ilegalidad gubernamental.
Gabriel Solano, del Partido Obrero, defiende la protesta de los estudiantes, argumentando que el gobierno está en la ilegalidad. Se plantea que las medidas de protesta social son legales y que la justicia ya se ha pronunciado a favor de la aplicación de la ley de financiamiento educativo.