Se discute la compleja estructura de financiamiento que vincula al Ministerio de Justicia y al de Seguridad con la recaudación de fondos provenientes de transacciones. Se señala que un porcentaje significativo de estas transacciones, aproximadamente un 6%, se destina a estos ministerios, de los cuales solo el 20% llega efectivamente para cubrir gastos y sueldos.
Se plantea la posibilidad de desarticular este sistema, lo que permitiría que unos 300 mil millones de pesos anuales lleguen directamente al Tesoro Nacional. Desde allí, se asignaría una partida presupuestaria a cada ministerio, lo que implicaría un ahorro y, a su vez, pondría en evidencia presuntos beneficios indebidos de algunos funcionarios.