Se debate la ley de financiamiento universitario, vetada por el presidente y que exige la actualización salarial de docentes y no docentes por inflación pasada, con un costo estimado de 1400 millones de dólares (2 puntos del PBI). Las transferencias a universidades cayeron 25% en términos reales desde 2023.
El gobierno argumenta falta de fondos, mientras que otros sostienen que la actualización por inflación no implica un gasto nuevo, sino una actualización de partidas. Se discute si la ley viola la ley de administración pública y la cuestión del financiamiento y la previsión presupuestaria.