Un juez federal de San Martín ordenó al gobierno nacional dar marcha atrás con la resolución 4226, que disponía cesantías y modificaciones en el Organismo Nacional de Investigación y Tecnología (INTI).
La medida judicial revoca la decisión que afectaba al personal del INTI, un organismo considerado vital para las Pymes por su labor en investigación y desarrollo. La resolución del juez Tesano Pinto frena lo que se consideraba una política de destrucción industrial y del entramado productivo argentino.