Se pone en duda la efectividad de la Agencia Federal de Ciberseguridad, dependiente de la SIDE, ante la continua proliferación de actividades delictivas en redes sociales, como la venta de armas.
Se critica la falta de proactividad de los organismos de seguridad, que parecen reaccionar a los delitos en lugar de prevenirlos, a pesar de contar con presupuestos para inteligencia.
Se plantea la necesidad de modificar el código penal para permitir la figura del agente provocador en casos de venta de armas y se insta a las fuerzas de seguridad a actuar de oficio ante la detección de estas actividades ilícitas en línea.