Se analiza la compleja situación del financiamiento educativo en Argentina, con un 50% de la sociedad que se opone a los recortes presupuestarios propuestos por el gobierno nacional. Solo un 24% apoya la postura oficial, lo que sugiere una falta de argumentación por parte del gobierno.
Se cuestiona la ausencia de auditorías exhaustivas sobre el gasto universitario, a pesar de que el gobierno las había prometido como justificación para los recortes. Se menciona que la demora en la designación de autoridades para estas auditorías y la falta de realización en muchas facultades genera dudas.
A pesar de los fallos judiciales y la insistencia del Congreso en cumplir con la ley de financiamiento universitario, el gobierno parece no resolver esta demanda insatisfecha, lo que podría estar afectando su popularidad.