La promulgación de la nueva ley en Bolivia no implica la activación automática de un estado de excepción, ya que la Constitución requiere un decreto presidencial y la aprobación de la Asamblea Legislativa. La medida surge en medio de crecientes presiones sociales.
Organizaciones alertaron sobre posibles violaciones a los derechos humanos, mientras el gobierno de Rodrigo Paz busca esfuerzos de diálogo para evitar la activación de la norma.