Se debate la necesidad de enfocar las políticas de seguridad en la prevención del delito en lugar de solo combatirlo, ya que este último implica un fracaso del Estado.
Se propone la prohibición de armas de fuego como medida preventiva, comparando con países como Japón, y se critica la flexibilización en la adquisición de armas en Argentina.
Se cuestiona la efectividad de la justicia y los medios de comunicación en la lucha contra la inseguridad, señalando el desconocimiento y la lentitud en los procesos judiciales.