El gobierno de Javier Milei impulsa una reforma electoral con el objetivo de eliminar las PASO o, en su defecto, hacerlas no obligatorias y no simultáneas. La propuesta de "aportante independiente" para el financiamiento de campañas es criticada por abrir la puerta a la corrupción y al lavado de dinero, ya que permitiría a empresas, fundaciones u ONGs gastar libremente sin declarar el origen de los fondos ni la forma de utilización.
Se menciona que el gobierno prometió a los senadores aliados avanzar primero con la ley de "ficha limpia", pero aún no ha cumplido. La reforma política también incluye la posibilidad de eliminar las PASO, lo que generaría un debate sobre las internas partidarias. El financiamiento político a través de "aportantes independientes" es visto como una "caja de Pandora" que facilitaría el lavado de dinero y campañas sucias, sin la debida rendición de cuentas a la justicia electoral.
Se compara la situación actual con la campaña de 2024-2025, donde la Fundación Faro invirtió fondos en redes sociales con fines políticos. Se advierte que la aprobación de estas reformas podría generar advertencias de diversos sectores y que el gobierno ya ha demostrado dificultades para conseguir voluntades dentro del oficialismo.