El gobierno de Javier Milei ha enviado al Congreso un paquete de cuatro proyectos de ley, entre los que se destaca la iniciativa para regular el lobby. El proyecto busca establecer un régimen de gestión de intereses para garantizar la publicidad, transparencia y probidad en las interacciones entre actores públicos y privados. Se crea un registro público obligatorio de gestores, quienes deberán inscribirse y reportar periódicamente sus actividades.
La normativa aplica a funcionarios de todos los niveles, desde el presidente hasta directores nacionales, senadores y diputados. Se contemplan sanciones severas para quienes oculten información o cometan infracciones graves, incluyendo multas y la suspensión del registro. Un régimen especial con "obligaciones reforzadas" se aplicará a los intereses extranjeros.
Más allá de la regulación del lobby, el programa analiza las decisiones de gobierno que, según los panelistas, benefician a un "sector privilegiado". Se mencionan privatizaciones como la de Transener, licitaciones a medida como la de la hidrovía, zonas frías, condonación de deuda y la explotación de uranio por parte de empresas privadas como ejemplos de políticas que no favorecen a la clase trabajadora. La discusión señala que, mientras se debaten internas políticas, el presidente toma decisiones que impactan en la economía y en la distribución de recursos.