Se critica la inacción de la Corte Suprema de Justicia en relación a la suspensión de una ley sancionada por el Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo. Se argumenta que la Corte debería actuar con celeridad en casos que afectan la seguridad jurídica y el respeto a las instituciones.
Se señala que, si bien los tribunales inferiores tienen plazos para resolver, la Corte Suprema debería priorizar este tipo de casos para garantizar el cumplimiento de las leyes y la estabilidad institucional. La falta de resolución por parte de la Corte es vista como un obstáculo para el normal funcionamiento del sistema legal y democrático del país.