El gobierno nacional es criticado por el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, la cual ha sido aprobada en cinco ocasiones por el Congreso y se encuentra vigente. Se cuestiona la falta de consecuencias ante el incumplimiento estatal, en contraste con las sanciones que enfrentarían los ciudadanos comunes. La preocupación se centra en la ausencia de una mirada integral hacia este colectivo, que requiere la presencia activa del Estado en diversos sectores.
Se señala que la retirada del Estado deja un vacío significativo para las personas con discapacidad. Además, se aborda la problemática de los abusos en la obtención de certificados únicos de incapacidad, enfatizando que la función del Estado es precisamente prevenir estas irregularidades y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.
En cuanto a los datos, se informa que anualmente 20 millones de personas viajan en micros de larga distancia en Argentina. De estas, entre un millón y un millón y medio de pasajes gratuitos son solventados por las empresas, lo que representa aproximadamente el 7% del total, según los empresarios del sector.