La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue intervenida por la justicia debido a presuntos desmanejos financieros y elecciones irregulares que resultaron en la anulación del mandato de Abel Furlan.
Se investiga la entrega del manejo de fondos de los afiliados a una empresa privada, USEM, vinculada a una militante de La Cámpora, y se reportaron retiros millonarios en efectivo de forma irregular.
La intervención judicial, que designó a un interventor radical, ha generado controversia y movilizaciones por parte de algunos gremios y sectores del peronismo que no avalan la decisión judicial y denuncian una operación política.