La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue intervenida judicialmente, generando polémica y denuncias cruzadas. Abel Furlan, secretario general de la UOM, calificó la intervención como un fallo "injusto, vergonzoso y arbitrario", violando la libertad sindical.
Furlan recordó intervenciones previas en 1955 y 1976, asociadas a gobiernos dictatoriales y procesos de desindustrialización. Señaló que la lista opositora, impulsada por el Grupo Techin, obtuvo solo 250 votos de 230.000 afiliados, mientras su lista ganó con el 85% de los votos.
La intervención se da en un contexto de negociación paritaria estancada con la Cámara Argentina del Acero, liderada por Techin, que busca imponer acuerdos a la baja. Furlan afirmó que la UOM resiste a firmar acuerdos perjudiciales para los trabajadores, quienes buscan recuperar su poder adquisitivo frente a la alta inflación.
Se denunció que el Grupo Techin pretende una organización sindical dócil y sometida a la voluntad patronal. La pérdida de 25.000 trabajadores calificados y el cierre de empresas se atribuyen a la política económica y de desindustrialización del gobierno de Milei. A pesar de los balances escandalosos de las empresas, los trabajadores no logran recomponer sus salarios.
Furlan expresó su disposición a someterse a nuevas elecciones y a volver a las raíces del sindicalismo. Anunció que se presentará una denuncia contra los jueces Víctor Pesino y María González por juicio político. La intervención a la UOM se suma a otras acciones contra gremios como el SUTE y la Unión Ferroviaria, interpretadas como medidas para someter a la dirigencia sindical que defiende los intereses de los trabajadores.