Se advierte que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) implicará un costo fiscal de aproximadamente 1800 millones de dólares anuales, según proyecciones oficiales. Este régimen, al igual que la deuda, limita la capacidad del próximo gobierno para recaudar de los sectores económicos más dinámicos.
Los sectores que ya han accedido a estos beneficios, incluso con desembolsos mínimos, se aseguran ventajas futuras. Se critica que el RIGI funciona como una forma de "maniatar" al gobierno entrante, impidiéndole recaudar de las áreas más rentables de la economía.