En Bolivia se discute una ley de excepción, impulsada por algunos sectores que piden acciones más duras del gobierno para restablecer el orden y liberar las rutas bloqueadas. La norma, que data de 2020, deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados.
Si se aprueba, el Ejecutivo tendrá menos restricciones legales para implementar medidas excepcionales ante las protestas que afectan el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos. Organizaciones empresariales y grupos cívicos reclaman medidas más contundentes contra los bloqueos liderados por sindicatos y movimientos afines a Evo Morales.
La ley actual establece procedimientos para declarar estado de excepción, con límites temporales y supervisión legislativa, incluyendo la posible participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. La tensión política ha crecido desde mayo, derivando en pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz, quien asumió hace seis meses.