Se produjeron nuevos enfrentamientos en las calles de Bolivia entre manifestantes y la policía, afectando el abastecimiento de combustibles y alimentos. En La Paz, la policía dispersó una masiva manifestación utilizando gases lacrimógenos, logrando garantizar la seguridad de la Plaza Murillo, sede del Congreso y el Palacio Presidencial.
El presidente boliviano anunció una reducción salarial del 50% y la utilización de herramientas constitucionales para el diálogo con sectores radicalizados, especialmente aquellos identificados con el ex presidente Evo Morales. Negó planes de privatización, tarifazos o aranceles educativos.
Paralelamente, el Senado boliviano aprobó una reforma a la ley que regula los límites presidenciales ante un Estado de excepción, la cual pasará a la Cámara de Diputados. Esta reforma podría otorgar al presidente herramientas más extremas frente a escenarios de radicalización o violencia.