La situación en Bolivia es de alta tensión social y política, con el gobierno de Rodrigo Paz rodeado y la prensa internacional sin acceso a la Plaza Murillo. Las calles de La Paz se encuentran militarizadas y cercadas, impidiendo la libre circulación y transmisión.
Los sectores de mineros, campesinos y maestros urbanos y rurales han convocado a reuniones pero no se presentan, evidenciando un corte total del diálogo. El principal reclamo es la renuncia del presidente Paz, ante versiones de un posible estado de excepción o sitio.
Se reporta una fuerte represión policial contra manifestantes y se anuncia una nueva movilización en El Alto. La crisis social se agudiza por el aumento de la canasta familiar tras el "gasolinazo" implementado por el gobierno, a pesar de que este convoca al diálogo sin ofrecer propuestas concretas.