Se abordó la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, como un hito ambiental que regula la propiedad de tierras en manos extranjeras. La ley establece límites claros: los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras nacionales y rurales del país, ni más del 30% de ese 15% una misma nacionalidad. Además, restringe la adquisición de tierras con acceso a recursos estratégicos.
Aunque no habla directamente de biodiversidad o contaminación, la ley tiene un alto impacto ambiental al definir quién toma las decisiones sobre el territorio, lo que repercute en el uso del suelo, la conservación de ecosistemas y el acceso a recursos. La tierra se considera un recurso estratégico y no solo una mercancía.
El debate surgió en un contexto de creciente compra de tierras por capitales extranjeros y casos como el de Luciano Benetton en la Patagonia, que instalaron la discusión sobre soberanía y territorio. La ley fue impulsada durante la presidencia de Cristina Kirchner con el objetivo de limitar la concentración y extranjerización.
Se argumentó que modificar o flexibilizar esta ley podría tener consecuencias como una mayor concentración de tierras y una menor capacidad del Estado para regular su uso. La ley de tierras se considera un hito ambiental porque actúa en la raíz del problema: define quién tiene la potestad de decidir sobre el territorio, protegiendo así la soberanía nacional.