Desde el inicio del conflicto armado entre Irán, Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, las autoridades iraníes han ejecutado arbitrariamente al menos a 32 manifestantes, disidentes políticos y otras personas acusadas de espionaje o cargos relacionados con la seguridad.
Este uso intensificado de la pena de muerte ocurre en un contexto de temor a nuevos ciclos de protestas y levantamientos, siendo utilizada como herramienta de control y para advertir a la población sobre las severas consecuencias de cualquier disidencia.