Se critica la excesiva fuerza de los operativos de seguridad frente al Congreso, incluso en marchas de jubilados con poca gente y sin riesgo para la democracia.
Se señala que los agentes de seguridad reciben un adicional por participar en estos operativos, superior a una jubilación mínima, lo que genera cuestionamientos.
Un legislador relata haber tenido dificultades para ingresar al Congreso debido a los controles de seguridad, a pesar de ser representante del poder legislativo.