Se cuestiona la condena a Cristina Kirchner en la causa "Vialidad", argumentando que no hubo pruebas directas de sobreprecios en la obra pública ni de una orden directa de la ex presidenta.
Se señala que un informe de 2016 de Macri (a través de Iguacel) no demostró sobreprecios, y se sugiere que si se aplicaran los mismos criterios a otros presidentes, también podrían enfrentar consecuencias legales. Se critica la falta de imparcialidad en el proceso judicial.