En Santa Fe y el Gran Buenos Aires se implementó el cobro de multas a familias por gastos operativos de seguridad derivados de amenazas realizadas por menores.
Esta medida busca disuadir futuras amenazas, responsabilizando económicamente a los padres por los operativos policiales y judiciales.
Se compara el sistema con el implementado en Nueva York por Giuliani, donde los ciudadanos se hacían cargo de los daños que provocaban.