Una clínica operaba con sellos médicos falsificados y diagnósticos erróneos, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Se descubrió que la doctora Caterina Torrinco utilizaba un sello robado, y que el dueño de la clínica, Alberto Rubén Santarseri, tiene antecedentes penales.
La investigación revela que la clínica funcionaba sin habilitaciones y que los controles municipales y provinciales habrían fallado. Se menciona la existencia de 178 sellos secuestrados, muchos de ellos encontrados en el vehículo del dueño.
Expertos señalan la gravedad de la situación, comparándola con casos de organizaciones pseudomédicas y la falta de controles estatales que permiten la proliferación de estos establecimientos.