Se investiga una red de clínicas que funcionaban de manera irregular, cobrando al Estado por atender a detenidos que debían ser derivados a hospitales públicos. La policía provincial es sospechada de connivencia.
En la causa, el fiscal Garate pide colaboración de la Policía Federal ante la sospecha de connivencia policial. El abogado defensor de Sertseri, Roberto Herrera, se suma a la investigación.
Se detalla que el 80% de los detenidos atendidos en zona oeste se hacían en estas clínicas. La clínica Argentina Salud, en San Justo, es uno de los focos de la investigación.
Los detenidos eran atendidos en estas clínicas privadas, generando un gasto al Estado que debería haber cubierto la salud pública. Se sospecha de partidas destinadas a justificar estas atenciones.