Se debate sobre la falta de políticas de prevención y reinserción social para personas con adicciones y ex convictos, y la necesidad de que el Estado asuma un rol más activo.
Se critica que los discursos punitivos a menudo desvían la atención de la resolución de problemas sociales más profundos, como la falta de oportunidades y la ausencia de programas efectivos de tratamiento y rehabilitación.
Se destaca la importancia de la prevención, la concientización en escuelas y comunidades, y la inversión en programas que brinden segundas oportunidades a quienes desean reinsertarse en la sociedad.
Se enfatiza que abordar la adicción y la delincuencia requiere un enfoque integral que combine políticas sociales, de salud mental y de empleo, y que la falta de estas medidas agrava la situación.