Se critica la dificultad de acceso a internet y la falta de inversión en infraestructura tecnológica en Argentina, lo que impide una correcta gestión de subsidios y programas sociales. Se pone como ejemplo la tarjeta SUBE y la complejidad para determinar quiénes deben recibir subsidios al transporte.
Se argumenta que una correcta informatización del país resolvería muchos problemas de distribución de recursos, pero la falta de inversión en tecnología lo hace inviable. Se menciona la necesidad de sistemas que crucen datos para evitar fraudes y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, contrastando con la realidad de personas que no tienen acceso a servicios básicos.