La madre de una niña víctima de presunto abuso en un jardín de infantes de Córdoba denuncia la inacción y el encubrimiento por parte de las autoridades educativas y judiciales.
Relata que las primeras denuncias fueron realizadas en mayo de 2025, pero recién en abril de 2026 una tercera fiscal, García Caminos, comenzó a impulsar la causa, solicitando cámaras de seguridad y testimonios.
La madre critica la lentitud de los fiscales Jorgelina Gómez y Ricardo Masucci, quienes habrían cajoneado la causa durante un año, y exige que la justicia actúe para proteger a los niños.
Señala que la víctima paga las consecuencias de la desidia y la falta de respuesta, sintiendo que a nadie le importan los chicos.