Laura, licenciada en Sociología y trabajadora estatal, expresó su apoyo a los trabajadores de la salud y defendió el sistema público. Como trabajadora estatal, vive a diario el vaciamiento de distintas áreas del Estado, lo que afecta especialmente a quienes necesitan asistencia, tanto en hospitales como en el sector privado.
Como madre de un niño con discapacidad, milita la ley de emergencia en discapacidad, denunciando que el nomenclador está desactualizado y los prestadores no cobran lo que corresponde, a pesar de que la ley fue aprobada cinco veces. La situación impacta directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Laura considera que la marcha tiene un doble carácter: es una necesidad de los trabajadores ante el vaciamiento y, a la vez, una postura política en defensa del rol del Estado para garantizar derechos. Subrayó que la salud es un derecho, no un privilegio, y que solo la intervención estatal puede asegurar el acceso universal, a diferencia de las obras sociales desreguladas que generan atención de calidad variable.