El Gobierno Nacional mantiene un conflicto con las universidades públicas por la ley de financiamiento universitario. A pesar de que el Congreso refrendó la ley tras un veto presidencial, el gobierno argumenta no poder cumplirla sin una indicación clara de cómo financiarla.
Como posible solución, el gobierno presentará una propuesta de financiamiento directo a las universidades, condicionada a que estas retiren sus presentaciones judiciales. Se expresa escepticismo sobre el éxito de esta medida.