La clínica investigada está siendo clausurada de forma provisoria por orden judicial. La medida se debe a que se habrían encontrado 50 sellos médicos usurpados, lo que sugiere la atención de personas sin la debida acreditación profesional.
La investigación apunta a que la clínica funcionaba con personal no calificado, utilizando matrículas de otros médicos para legitimar la atención. Se presume que el origen del dinero podría estar vinculado a actividades ilícitas como la "piratería del asfalto", pero la gravedad de las irregularidades en el ámbito de la salud es lo que motivó la clausura a la espera de una decisión del Ministerio de Salud.