El Congreso argentino ha dado media sanción a la "Ley Ojarasca", impulsada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger. Esta ley busca eliminar normativa obsoleta o sin sentido práctico que aún se encontraba vigente en el corpus jurídico nacional.
Entre las leyes que se dejarían sin efecto se encuentran normativas de la época de la dictadura, como una que permitía a la policía ingresar a lugares de reunión privados sin orden judicial, y otra que otorgaba libre circulación y estacionamiento a senadores y diputados. También se eliminarán leyes relacionadas con la promoción de papel de diario, la regulación de actividades productivas y hasta una que prohibía los azotes.
La ley ha generado controversia por la eliminación de un artículo que consideraba a los medicamentos un bien social, lo que podría limitar la intervención del Estado en el mercado. Se argumenta que esto podría ser problemático en situaciones críticas como pandemias. Otra ley eliminada es la que exigía un carnet habilitante para mochileros, vigente desde la dictadura para controlar grupos guerrilleros.
Adicionalmente, se destaca el bloqueo por parte de Martín Menem a la interpelación del jefe de gabinete, Manuel Adorni, considerado por algunos como un intento opositor de generar un "juego de roles".