El gobierno nacional acelera la privatización de empresas públicas para mostrar un mejor panorama fiscal, a pedido del FMI. Entre las empresas en proceso de venta se encuentra AISA, la proveedora de agua potable del AMBA, que según datos oficiales pasó de un déficit millonario a un superávit neto, lo que genera dudas sobre la necesidad de su privatización.
Se cuestiona si la supuesta mejora de AISA se debe a la paralización de obras y fuertes aumentos de tarifas. La empresa Veolia, continuadora de Suez (ex Aguas Argentinas), aparece como posible compradora. Paralelamente, se abrió el acceso a activos de la Comisión Nacional de Energía Atómica mediante una nueva resolución.
La privatización de Intercargo, empresa que brinda servicios de rampa en aeropuertos, también es objeto de polémica. Se denegó penalmente por considerar que el precio base está por debajo del valor de sus activos corrientes, y se modificaron los términos y condiciones de la licitación, abriendo la puerta a empresas aún no conformadas en Argentina, lo que sugiere un direccionamiento particular.