El tribunal busca evitar que las defensas interrumpan los interrogatorios con declaraciones de los imputados, limitando el derecho a declarar para garantizar la continuidad del juicio.
Se argumenta que, si bien el derecho a declarar es constitucional, no se puede abusar de él para obstaculizar la producción de pruebas y alargar innecesariamente el proceso.
La medida busca equilibrar el derecho de defensa de los imputados con el derecho de las víctimas y de la sociedad a un juicio ágil y sin dilaciones indebidas.