El gobierno continúa con la política de reducción del gasto público, a pesar de las advertencias sobre la dificultad de sostenerla si la economía no crece. Los recortes presupuestarios afectan partidas sensibles como salud, educación y jubilaciones, lo que genera preocupación sobre la prestación de servicios esenciales.
Se menciona un recorte de casi 2.700 millones de dólares en distintas partidas de gasto, lo que evidencia la profundidad de las medidas de ajuste. La estrategia de "achicar" el Estado podría llevar a una implosión y a la interrupción de servicios fundamentales.
La lógica de sostener el superávit fiscal mediante la deuda flotante (gastos devengados no pagados) y los recortes presupuestarios genera incertidumbre sobre el futuro a mediano y largo plazo. Se espera que la actividad económica retome el crecimiento para aliviar la presión sobre las cuentas públicas.