Trabajadores de hospitales públicos se manifiestan en el Hospital Borda en rechazo a la modificación de la Ley de Salud Mental y por las dificultades que atraviesa el nosocomio.
Los manifestantes denuncian la internación de pacientes judiciales con custodia policial mezclados con pacientes con problemas de psicosis, lo que dificulta la atención. Además, critican el cierre de Prisma, un centro de internación para pacientes judiciales, que ha derivado en la internación de estos pacientes en hospitales generales.
Se argumenta que, si bien la Ley de Salud Mental de 2010 permite internaciones voluntarias e involuntarias, la falta de lugares adecuados para pacientes judiciales agrava la situación, poniendo en riesgo la seguridad y el tratamiento de todos los pacientes.