La medida cautelar solicitada por Chiqui Tapia, presidente de la AFA, para que los periodistas no se acerquen a menos de 500 metros de su domicilio o lugar de trabajo ha sido calificada como un "papelón" y una afectación a la libertad de prensa.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) considera la decisión del juez Saetone como un mecanismo indirecto de censura previa, prohibido por la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica. Se argumenta que las figuras públicas tienen un derecho a la intimidad más acotado y que Tapia, al solicitar esta protección, evidencia que "huele mal" en términos judiciales, especialmente considerando que está procesado junto a Tovillino por no haber pagado 19.000 millones de dólares.
Se cuestiona la actuación del juez Saetone, quien ya había allanado a un diputado denunciante en la causa de la casa de Pilar. La medida judicial impide a los periodistas acercarse para realizar preguntas, incluso sin cámaras, lo que genera gran controversia.