El fiscal Stornelli sospecha que la compra de vacunas contra el COVID-19 fue deliberadamente postergada durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que habría provocado miles de muertes evitables.
La causa, que se reabre tras ser cerrada por el juez Lijo, investiga la posible priorización de laboratorios nacionales como AstraZeneca (de Hugo Sigman) y la vacuna rusa Sputnik V (a través de Richmond), en detrimento de Pfizer, que ofrecía entregas más rápidas.