Se explica que las costas de un juicio, incluyendo los honorarios de los abogados de la contraparte, deben ser asumidas por la parte que pierde el litigio, según el principio objetivo de la derrota.
Se detalla que la ley de aranceles de abogados fija una forma de calcular estos honorarios, a menudo como un porcentaje del valor total discutido en el juicio.
Por lo tanto, realizar una petición judicial exagerada o infundada puede tener consecuencias económicas significativas para quien la realiza, ya que podría verse obligada a pagar sumas considerables.