En Bolivia, organizaciones de la Unión Europea buscan mediar para calmar la violencia en las calles y pedir una conciliación entre las fuerzas políticas.
Se reportaron actos de vandalismo y saqueos, incluso cerca de los poderes del Estado. El presidente Rodrigo Paz ha afirmado que no renunciará, mientras que la vicepresidenta apoya las demandas y enviará proyectos de ley para derogar decretos.
Se espera la llegada de mineros y un cabildo para tomar determinaciones sobre la continuidad de las protestas. La Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica se ofrecieron como mediadores para un diálogo entre los movimientos en conflicto y el gobierno.
Camiones y autobuses permanecen varados en la carretera La Paz-Oruro por más de 15 días, afectando a los transportistas que solicitan ayuda al gobierno por falta de comida y servicios sanitarios.